El Gobierno provincial oficializó las cesantías de agentes pertenecientes a diversas áreas, principalmente del sector salud, tras concluir investigaciones internas. Las medidas se fundamentan en incumplimientos de la Ley de Empleo Público y faltas disciplinarias graves.
A través de una serie de decretos publicados recientemente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos dio por finalizados los sumarios administrativos que pesaban sobre nueve trabajadores de la administración pública. Según los instrumentos legales, las desvinculaciones responden a irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones y al incumplimiento de las normativas vigentes.
La mayor parte de estas cesantías afectó a personal dependiente del Ministerio de Salud, incluyendo agentes que cumplían tareas en hospitales de la provincia. Las causales detalladas en los expedientes judiciales y administrativos varían desde inasistencias injustificadas hasta faltas graves en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que derivó en la aplicación de la máxima sanción prevista por el régimen disciplinario.
Desde el Gobierno señalaron que estos procedimientos forman parte de una política de ordenamiento del Estado y control del presentismo. Por su parte, los gremios estatales se mantienen en alerta ante lo que consideran un endurecimiento de las sanciones, mientras que los ahora ex-empleados han quedado supeditados a los plazos legales por si decidieran iniciar acciones de apelación ante la justicia administrativa.