“Está haciéndose la investigación. Nosotros no protegemos ninguna situación vinculada con el delito. Tenemos 12.000 hombres y mujeres en la Policía de Entre Ríos. Son hechos excepcionales y están ya sometidos a sumario, relevado de sus funciones y a la espera de una resolución”, señaló la ministra de Gobierno y Justicia consultada por la prensa en la visita que realizó a la Unidad Penal N°9 como parte de una agenda de finalización de ciclo del gobierno de Gustavo Bordet.
Respecto al hallazgo de una camioneta de la Brigada de Abigeato de la Policía de Entre Ríos en un taller del conurbano bonaerense que se encuentra investigado por la Justicia Federal, remarcó: “Todo está sujeto a la investigación. De todos modos, las medidas disciplinarias ya se han tomado”.
El puesto caminero de Ibicuy
El jueves 23 de noviembre pasado tuvo lugar un operativo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional en el puesto de control de la Policía de Entre Ríos ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional N° 12 (Ibicuy).
Pero no fue la única medida dispuesta por el juez federal de Victoria, Federico Martin, durante aquella jornada. También se produjeron allanamientos en provincia de Buenos Aires: en lugares considerados posibles depósitos y domicilios de personas involucradas en la red policías y civiles que fue develándose a raíz de decenas de horas de escuchas telefónicas que constan en la causa.
¿Cuál es la trama de ilícitos que investiga hace más de un año la Justicia Federal? Se trata de una organización criminal presuntamente integrada por policías de Entre Ríos (quienes cumplían funciones en el puesto caminero de Ibicuy, utilizando el lugar como un desarmadero) civiles que se encargaban de retirar las autopartes de los vehículos retenidos (uno de ellos presta servicios a la comisaría de Ibicuy y otros dos son oriundos de la provincia de Buenos Aires) y un efectivo retirado de una fuerza federal, quienes habrían cometido por un tiempo aún indeterminado delitos contra la propiedad, cohecho (sobornos), tráfico ilegal de autopartes, y malversación de los recursos públicos, entre otros ilícitos que forman parte de la investigación en curso.
Según pudo confirmar Radio 2820 durante la tarde del mismo jueves en el que se llevaron a cabo los diferentes operativos, se secuestraron alrededor de 60 vehículos, que fueron pesquisados y en los que se encontraron faltantes significativas confirmando la hipótesis judicial respecto al funcionamiento de un desarmadero en el puesto caminero.
La camioneta
También fue allanado el taller mecánico en provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se realizaban la extracción de las autopartes en el marco de la red establecida con el resto de los integrantes de la banda. En el mencionado taller se encontró una camioneta de la Policía de Entre Ríos -propiedad de la Brigada de Abigeato-que fue secuestrada por Gendarmería Nacional y que se encuentra a resguardo en el destacamento interviniente.
Según pudo confirmar este portal, en el domicilio de uno de los mecánicos se encontró “un pequeño arsenal”, por lo que fue detenido luego de haber sido indagado por los hechos imputados.
Pero no deja de ser inquietante el dato de la camioneta de la Policía de Entre Ríos: ¿Qué hacía en un taller mecánico investigado en el marco de una causa federal por cohecho y venta ilegal de autopartes -entre otros delitos- en la que se encuentran implicados -e imputados, pese a la comunicación oficial de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos- en una presunta organización criminal?
Fuentes policiales confirmaron a Radio 2820 que el mismo jueves el jefe de Policía de Entre Ríos -Gustavo Maslein- recibió un exhorto judicial en el que se le requirió información respecto a los motivos por los cuales la camioneta de Abigeato se encontraba en el taller mecánico de provincia de Buenos Aires. La respuesta habría sido, palabras más palabras menos, “la camioneta estaba en espera para ser reparada”. Lo que lejos de explicar la extraña situación, suma aún mayor desconcierto: ¿Acaso no existen talleres mecánicos que pudieran reparar el desperfecto que tuviera el vehículo? ¿Justo está en la fila de espera en un taller que forma parte de una investigación judicial por una catarata de delitos? Seguramente las respuestas a estas preguntas serán develadas conforme avance la causa.
Por lo pronto la situación procesal de Cristian Omar Villanueva y Luis Armando Zabala, jefe y sub jefe del puesto caminero está sujeta a las próximas decisiones que tome el magistrado interviniente, quien por lo pronto, dispuso que la investigación se encuentre bajo secreto de sumario. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos informaron oportunamente que se dio intervención a Asuntos Internos y se inició el correspondiente sumario a los mencionados policías.
El origen
Las medidas dispuestas fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal a raíz del material que se desprende de la investigación en la que se desarticuló a una organización regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, “que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos, como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras -incluso un puesto de venta en una unidad penal- y con su propio negocio minorista”, según se reveló a fines de octubre en el sitio Página Judicial.
De la mencionada instrucción surgieron caminos adyacentes que condujeron a policías de distintas reparticiones de la provincia. Se recopilaron pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas muy comprometedoras y que configuran varios tipos delictivos.
La causa de Pineda
El “Tigre” Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas, que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en las localidades de Gualeguay y Gualeguaychú. A su vez, era dueño de la estación de servicios La Posta, en calle Urquiza 2467 de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.
La estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la punta de la pirámide, como el encargado de proveer la droga desde la provincia de Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicios colaboraban en la administración del negocio en la provincia con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que además de gaseosas y comestibles se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos. Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores; y los distribuidores para la venta al menudeo o reventa.
Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.
La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones, que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicios.