La instalación de un radar de control de velocidad sobre la Ruta Provincial N.º 45, a la altura del paraje Estación Brazo Largo, generó una fuerte polémica entre vecinos y conductores habituales de la zona.
El dispositivo fue colocado dentro del ejido urbano del Municipio de Villa Paranacito, pero en un punto estratégico que constituye el principal acceso a la localidad de Ibicuy, por donde circulan diariamente trabajadores, transportistas y vecinos de distintas jurisdicciones.
En las últimas semanas comenzaron a llegar multas de montos millonarios a vecinos y conductores que aseguran no haber sido advertidos correctamente sobre la presencia del radar ni sobre las velocidades máximas permitidas en ese tramo. El principal reclamo apunta a que, al momento de labrarse las infracciones, no se encontraba colocada la cartelería reglamentaria, ni se había realizado una campaña de información previa.
Según pudo saberse, el Municipio de Villa Paranacito adhirió a un servicio privado de fotomultas, con el argumento de ordenar el tránsito y prevenir accidentes, y fue el propio municipio quien solicitó la instalación del dispositivo en ese sector. Sin embargo, la aplicación de sanciones antes de la señalización correspondiente abrió un interrogante que hoy divide opiniones: ¿se trata de una verdadera política de seguridad vial municipal o de un sistema con fines predominantemente recaudatorios?
Vecinos afectados señalan que el radar comenzó a operar y a generar actas de infracción antes de que se instalaran los carteles que indiquen claramente los límites de velocidad, lo que podría contradecir principios básicos de la normativa de tránsito y del derecho a la información de los conductores.
Mientras tanto, crece el malestar social y se multiplican los pedidos de explicaciones al municipio, así como la revisión de las multas ya emitidas. La situación plantea un debate de fondo sobre la transparencia en el uso de sistemas automatizados de control, la coordinación entre municipios y el respeto a los derechos de quienes transitan por rutas interjurisdiccionales.
La pregunta sigue abierta y merece una respuesta clara por parte de las autoridades:
¿prevención de accidentes o recaudación encubierta?