Por Fermín Tristán
Para contextualizar la trama es necesario contar los últimos acontecimientos que llevan a esta crónica periodística al 25 de julio, cuando unas 50 personas, todas de la localidad de Ceibas y de Ñancay, resolvieron cortar la autopista Artigas en reclamo del acceso a la vivienda, algo que nunca se concretó –según su denuncia– por culpa de la “impericia” de la intendente local Sabrina Olano, hija del senador del Partido Justicialista (PJ) Daniel Olano.
Al igual que lo denunció en redes sociales la vecina Cecilia Rinaldi, “las casas municipales se empezaron a construir hace siete años, aún no las terminan a todas y no las adjudican”, algo que en el pueblo entienden como una decisión electoralista para entregarlas en plena campaña en 2023, aunque Rinaldi sostiene que además: “La intendente se gastó la plata y no sabe cómo terminarlas”. Además del reclamo de viviendas, reclaman que la localidad tenga profesionales para la atención de salud y trabajos dignos para todos.
Rinaldi es quien difundió los videos del barrio en estado de abandono con objetos que fueron robados o saqueados. “Todo es producto de la desidia”, asegura. Ese lunes, además del reclamo por las viviendas, unas 10 familias reclamaron también que la localidad tenga profesionales para la atención de salud y que se generen trabajos dignos para para su población. Por todo eso decidieron habitar las viviendas aunque aún no fueron adjudicadas. “La intendenta se la dio a su gente, a la que la sigue políticamente, a nosotros los pobres, los que necesitamos, ni nos anotaron; fingió que lo hacía, pero nada”, denunciaban los presentes.
A su vez, Rinaldi denunció que “la intendenta está vendiendo terrenos de este predio a tres millones de pesos, terrenos donados a la municipalidad”.
Detención y violencias
Los reclamos escalaron, como reflejamos en párrafos anteriores, y fue allí donde tomó intervención la policía y detuvieron a quien encabezaba las protestas y la toma del predio. Fue el 27 de julio. La mujer declaró en compañía de su abogado defensor, el Dr. Fabián Otarán en Villa Paranacito, donde fue indagada por el Fiscal Gastón Popelka. Luego del acto procesal recuperó su libertad.
Más tarde, el 1º de agosto, la imputada denunció en la fiscalía de la ciudad de Gualeguaychú a los policías que la detuvieron, su presentación se caratuló bajo los supuestos delitos de “Privación Ilegítima de Libertad y Violencia de Género”, y la investigación recayó sobre la Fiscal Dr., Natalia Bartolo.
Además se radicó otra denuncia penal en la misma fiscalía contra los mismos efectivos policiales por el Señor José Eduardo Rodríguez, esposo de Rinaldi.
Este medio intentó comunicarse con la pareja y las palabras fueron escuetas. Allegados a ellos indicaron que persiste el temor a represalias, principalmente por parte de la Justicia y prefieren esperar algunos meses para dialogar y contar la situación que atraviesan, sintetizada en “una angustia y miedos extremos”.
Cabe recordar que en el momento de la detención, Rodríguez indicó que a Rinaldi la “patearon entera” y que él padeció también una violencia inimaginable: “Me apuntaron con un arma, tengo un ojo negro y me duele el brazo”, actos que habrían sido ejecutados por la Policía de Entre Ríos.
¿De qué la acusan a Rinaldi?
Al ser puesta en libertad, el abogado Otarán contó que la Justicia le dictó algo así como una perimetral. “No puede acercarse al barrio de las viviendas ni deambular por el mismo, debido que para el Estado entrerriano puede ser responsable del ‘supuesto delito de usurpación’ en calidad de autora junto a otros vecinos de los que no se revelaron sus identidades. Además la Justicia la acusó de atentado contra la autoridad”, declaró.
Para Popelka, la autoridad –en este caso la Policía– “tenía un cometido para cumplir, y Cecilia Rinaldi habría interrumpido dicho acto”.
Al tiempo de defenderse, la mujer no sólo relató los hechos de ese día, también recordó que a su parecer “se dan actos injustos que vienen sucediendo en la localidad de Ceibas relacionados a las viviendas sin entregar”.
Y nuevamente su defensor recordó lo que habría sufrido al momento de ser detenida: “No tuvieron que usar la violencia que se habría aplicado contra la mujer, tiene las muñecas todas moradas por el ajuste de un precinto al momento de la detención”. Esto decantaría en la denuncia penal realizada el 1º de agosto.
¿Qué sucede con las viviendas?
Desde la municipalidad de Ceibas no ha habido ninguna clase de comunicación oficial a través de la prensa para informar sobre el estado de situación de las viviendas. Tampoco se supo que hayan notificado sobre avances a los propios vecinos adjudicados que deberían habitarlas desde hace años.
Además, no hubo respuesta alguna sobre las denuncias acerca de la venta de terrenos y tampoco sobre los posibles robos y vaciamiento que estarían sufriendo las construcciones.
De este modo, podría decirse que lo que empezó con un reclamo de viviendas, con mejor calidad de vida y trabajo digno para los vecinos, tiene más páginas en la Justicia que soluciones concretas.