El oficialismo intentará sostener el respaldo de los bloques aliados para aprobar el proyecto, que incluye la eliminación de leyes de financiamiento al Hospital Garrahan, universidades y discapacidad. La oposición anticipó dictámenes alternativos.
Luego de obtener dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Gobierno nacional buscará este miércoles darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El oficialismo apunta a mantener el apoyo de los bloques aliados para avanzar con una iniciativa que introduce cambios sustanciales respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre.
Durante la reunión celebrada este martes, el dictamen fue aprobado por mayoría con 28 firmas y seis disidencias. Acompañaron el proyecto legisladores del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo e Innovación Federal. También se sumaron los bloques provinciales Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil, e Independencia, vinculado al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, aunque seis de esos apoyos se expresaron con disidencias.
En paralelo, con el mismo número de firmas y cuatro disidencias, se aprobó el dictamen de la Ley de Compromiso Fiscal. Sin embargo, desde la oposición adelantaron que presentarán proyectos y dictámenes alternativos, lo que anticipa un debate tenso en el recinto.
Derogación de leyes
Entre los cambios más significativos del texto oficialista se encuentra la derogación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y la eliminación de fondos específicos para el Hospital Garrahan. El artículo 75 del dictamen establece la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, mientras que, en relación con el hospital pediátrico, el Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones previstas.
El proyecto que será debatido también contempla la indexación del tipo de cambio a la inflación, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones, medidas que generaron un fuerte rechazo de los bloques opositores. En ese marco, anticiparon que no acompañarán ni la ley de Presupuesto ni la de Compromiso Fiscal, y también expresaron reparos frente a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Durante la comisión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el dictamen al señalar que busca “darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”.
Desde la oposición, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, cuestionó al Gobierno y afirmó que “fue responsabilidad del oficialismo no tener presupuesto” en años anteriores. “Nos alegra que ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto”, sostuvo.
El bloque peronista anunció que presentará su propio dictamen y proyecto alternativo. Martínez remarcó el rechazo al artículo 30 del proyecto oficialista, que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo, y propuso garantizar los fondos para la ley de educación técnica. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, afirmó.
El dictamen de Fuerza Patria reunió 18 firmas y se constituyó como el principal dictamen de minoría, al que se sumó el presentado por Unidos. Con este escenario de apoyos y objeciones, los proyectos quedaron listos para su tratamiento en el recinto, donde el Gobierno buscará avanzar con la media sanción del Presupuesto 2026.
En medio de las modificaciones que el Poder Ejecutivo sumó al documento, una de las cláusulas claves fija el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una cuestión que generó años de disputas y enfrentamientos tanto con la gestión actual, como con la de Alberto Fernández.
En caso de obtenerse la media sanción, el Estado estaría un paso más cerca de saldar la deuda que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires desde 2020 por el recorte de fondos coparticipables. La iniciativa busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir a la Capital Federal el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, una transferencia que hasta ahora no se había concretado pese a la resolución judicial de diciembre de 2022.