La Cámara Alta sancionó por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. Además, se aprobaron 28 cargos en la Justicia.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la 14ª sesión ordinaria del 146º período legislativo. En esta instancia, el cuerpo sancionó por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. Además, se aprobaron 28 cargos en la Justicia.
La sesión, desarrollada en el recinto de la Cámara de Senadores, fue presidida por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, y contó con la presencia de 16 legisladores que dieron quórum reglamentario.
Reforma de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados
Los senadores sancionaron la modificación de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General. El proyecto fue aprobado por mayoría, siendo 14 votos afirmativos; 1 abstención (Martín Oliva); y 1 voto negativo (Patricia Díaz).
La reforma alcanza los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte (20) años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos.
En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes.
Posturas a favor y en contra del proyecto
El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa. “Hay un principio de realidad que se enmarca en la provincia de Entre Ríos, donde hay muchos vecinos esperando el acceso a la justicia”, afirmó. Allí sostuvo que la reforma impulsada por el Ejecutivo no vulnera garantías constitucionales ni convencionales y que se trata de una facultad provincial: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”.