Tras finalizar la etapa de instrucción, la Justicia Federal avanza hacia el debate oral por el hallazgo de la droga en el sur entrerriano.
La causa judicial iniciada tras el aterrizaje de una avioneta cargada con 359 kilogramos de cocaína en la zona de Ibicuy ha alcanzado una instancia decisiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio del expediente, que investiga una compleja estructura logística dedicada al narcotráfico aéreo internacional. Según la acusación, la aeronave —que habría partido desde Bolivia— formaba parte de un engranaje diseñado para el transporte de estupefacientes con destino a la provincia de Buenos Aires.
Las investigaciones permitieron determinar que la avioneta salió de Santa Ana de Yacuma, en Bolivia, y cargó la sustancia en la frontera paraguaya antes de ingresar al espacio aéreo argentino. El plan original preveía el aterrizaje en un punto del partido bonaerense de Luján; sin embargo, por razones ajenas a la organización —presumiblemente falta de combustible—, los tripulantes debieron descender de emergencia en un campo de la localidad entrerriana de Ibicuy, donde se produjo el decomiso del millonario cargamento.
Entre los principales implicados que irán a juicio se encuentra un joven acusado de haber aportado capital para la adquisición de la aeronave mediante una empresa que, según los investigadores, funcionaba como fachada. Aunque el imputado negó los cargos asegurando que se trató de un favor personal para su hermano, el juez consideró acreditada su vinculación técnica y financiera con la logística de la operación. En su domicilio de Flores, además, se incautaron casi 5 kilos adicionales de cocaína, balanzas de precisión y dinero en efectivo.
Cabe recordar que por este mismo hecho ya fueron juzgados los dos primeros detenidos: un piloto de nacionalidad brasileña y una joven boliviana que lo acompañaba al momento del aterrizaje. Con esta nueva elevación a juicio, la Justicia busca desarticular los niveles superiores de la banda, responsables de la provisión de recursos y el soporte administrativo para el contrabando de estupefacientes a gran escala.