“Adolece de omisiones y datos que no se condicen con la verdad real” y en algunos de sus tramos es “una copia y pegue de los mismos estudios” que presentaron las empresas mineras ante la Secretaría de Ambiente, señala en su presentación el abogado de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, sobre un informe de la actividad de las empresas que extraen arenes silíceas en el sur entrerriano. Este Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), encargado en el marco de un amparo ambiental para conocer las consecuencias de esta actividad minera en la salud y el ambiente. Detalles sobre este informe se dieron a conocer en una Reunión de Participación Ciudadana convocada por la Justicia, tras lo cual se realizó esta manifestación donde se lo “impugna”. En escrito presentado ante la Provincia, el municipio de Ibicuy y el juzgado a cargo de María Valentina Ramírez Amable, se solicita que se realice uno nuevo por profesionales idóneos.
En la causa por un amparo ambiental tramitada en la Cámara Civil y Comercial, Sala III, a cargo de María Valentina Ramírez Amable, se convocó el pasado 20 de febrero a una reunión informativa. Esta audiencia pública se celebró en la ciudad Ibicuy con el objeto de presentar el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta instancia se abrió a partir de la demanda iniciada por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy, por los permisos otorgados a las empresas que extraen el material que se usa para el fracking petrolero. El encuentro se celebró con la presencia de las autoridades municipales y provinciales de Ambiente, así como partes interesadas, que conocieron detalles del estudio.
Tras esta audiencia, se conoció que el representante legal de la Cooperativa de Agua de Ibicuy –que es actor en otro litigio por las areneras–, Ricardo Luciano, impugnó el estudio. En el petitorio enviado a la Municipalidad de Ibicuy, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el juzgado de Ramírez Amable, el letrado impugna el documento de la UNLP, y solicita “se ordene la realización de uno nuevo cumpliendo la normativa vigente y con personas que tengan incumbencia para realizarlo”, se indicó en el escrito al que accedió ERA Verde.
ERRORES DE LUGAR
De acuerdo a lo que fundamenta Luciano, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “es una copia y pegue de los mismos estudios” que han presentado las empresas para iniciar los trámites de habilitación. También señala que “los firmantes no tienen incumbencia, ni se encuentran matriculados en la provincia de Entre Ríos como para realizar el EsIA presentado, más ninguno detalla cuál es su Título de Grado con el fin de que se pueda determinar sus incumbencias” y que “ni siquiera consta que la Universidad que dicen representar avala el trabajo”.
En su argumentación el letrado señala que el estudio “no identifica correctamente la formación geológica de donde se obtiene el agua subterránea para el uso de la extracción y lavado de la arena. Apunta que el estudio confunde el “Delta Aluvial Formación Isla Talavera” con la “Formación Ituzaingó”, y que esto se produce porque se habría trasladado el error que subyace en el estudio de impacto ambiental presentado para la planta “El Magrullo” de YPF SA, en lo que sería un “copy–paste” de la descripción geológica del lugar.
En otros aspectos, sobre la profundidad donde se obtienen agua para la extracción y lavado de arena, en el Estudio de Impacto Ambiental presentando en Ibicuy, se consigna que se realiza a una profundidad de entre 34 y 69 metros. En tanto “para servicio doméstico (de consumo humano) en 17 a 30 metros. Esto es “falso”, subraya el representante de la potabilizadora, ya que según abunda en “documentación que el Consejo de Administración de Cooperativa entrego (…) consta que los pozos de donde la Cooperativa extrae agua que es luego de potabilizada y enviada a la red domiciliaria tienen una profundidad de 48 y 50 metros, No como erróneamente informan”, afirma.
AGUAS TURBIAS
En otro tramo de las objeciones, se indica que el EIA de la UNLP indica que cuando las empresas realizan el lavado de arena, el material de que se descarta se envía a cavas dispuestas para tal fin. Pero Luciano indica que esto “no es real”, refuta, para lo cual cita la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, donde se consta que lo descartado “es depositado ilegalmente en el Arroyo El Cuartillo, el cual se encuentra obstruido desde hace más de tres años”, lo que para el letrado “demuestra un absoluto desconocimiento del tema o bien no se informaron debidamente”.
Luciano también apunta que el estudio adolece contar con información falsa respecto a las estadísticas de recupero de agua de lluvia para llevar adelante las faenas de las areneras. En este sentido cita el expediente donde está involucrada la planta de lavado “La república” de Cristamine SA, que se clausuró por haberse detectado pozos ilegales de extracción de agua.
En cuando las faltantes, el estudio no trata “el impacto de la silicosis en las personas que están en contacto con la arena de sílice o silícea, empleados de planta, transportistas, vecinos de la zona”, así como no evalúa como relevante el daño a los suelos y caminos que se produce por el tránsito del material que se envía a Vaca Muerta de “más de 500 camiones de 40 Toneladas por día”, lo cual impacta en el “natural filtro del agua de lluvia e inundaciones que, se estima, en un 10% llegan a las profundidades y así reponer el agua subterránea”, describe en el documento conocido por ERA Verde.
El abogado finalmente refuta el concepto de “humedales” que usa el estudio, ya que en el denomino Plan de Cese de la actividad se propone realizar acuicultura en las cavas que van a quedar, describiéndolas como “humedal antrópico”. Llamar “humedal” a las fosas que dejan las canteras, para Luciano “es una falta de respeto”. Del mismo modo le resulta casi risueño que la cría de “peces en cautiverio” se lleve adelante en condiciones que no cuenta con una tradición cultural y antecedentes productivos al respecto.